lunes, 11 de febrero de 2013

Aparcamientos AENA

Un juez censura a AENA por dar parking gratis a políticos y famosos
 
Anula el despido de un trabajador acusado por irregularidades en la recaudación del aparcamiento en el aeropuerto de Palma.
 
La sentencia afirma que "es imposible el control económico" por la existencia de "privilegios desconcertantes" y la "multiplicación inexplicable de subcontratas"
Efemás INFO
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  1. ETIQUETAS: AENA, Justicia, Tribunales, Palma de Mallorca
El titular del juzgado número 3 de lo social de Palma de Mallorca, Juan Gabriel Álvarez, ha utilizado una sentencia en la que declara improcedente el despido de un trabajador para censurar la conducta de la dirección de la empresa pública, propietaria de los 47 aeródromos de titularidad estatal.
 
En primer lugar, el juez reprocha a la cúpula de AENA, cuyo presidente es José Manuel Vargas, porque, al menos en el aeropuerto de Son Sant Joan de Palma de Mallorca, "existen personas, como determinados directivos de AENA, los diputados del Parlamento y otras personas, que no pagan en los aparcamientos". En segundo término, el magistrado Álvarez advierte de que, si bien "parece claro que existe una falta de control económico" en el funcionamiento del los parking del aeropuerto, "es la propia AENA la que ha impedido a sus subcontratistas poder tener el mínimo control de lo que ocurre con la economía de tales aparcamientos, multiplicando inexplicablemente las subcontratas".
Hechos probados
La filípica judicial contra la política de los actuales gestores de AENA se produce a raíz del despido en marzo de 2012 de un trabajador de la contrata ATESE, adjudicataria de la actividad de los controles de acceso y cobro en los dos aparcamientos del aeropuerto de Palma de Mallorca. La vista se celebró el 12 de diciembre, y a ella no compareció el director del aeródromo, mientras que la parte demandada presenta pruebas que, sin duda, convencieron al magistrado de la justeza de sus posiciones.
 
En la sentencia dada a conocer a mediados de este mes, el magistrado no solo dicta a favor del trabajador despedido exigiendo su inmediata reincorporación al puesto de trabajo, sino que censura de manera muy argumentada algunas de las políticas que practica AENA y que quedan en evidencia en este caso. 
 
En el apartado de "hechos probados" el juez Juan Manuel Álvarez explica que "existen personas, como determinados directivos de AENA, los diputados del Parlamento y otras personas que no pagan en los aparcamientos. Las personas titulares de este privilegio pasan por la cabina" de control del aparcamiento "presentan un carnet ad hoc expedido por la dirección de AENA" y reciben un tique especial de salida "sin abonar nada por ello". Cuando funda en derecho su sentencia afirma que esta situación "trufada con privilegios de políticos, altos cargos u otras personas muy importantes resulta cuando menos desconcertante".
Contratas y subcontratas
En su argumentario el magistrado pone en entredicho la política de adjudicaciones de la empresa al afirmar que "resulta inexplicable por qué AENA subcontrata no uno o dos aspectos de su actividad aeroportuaria, sino innumerables servicios de los aeropuertos de España, que ella misma podría dirigir, controlar y explotar". 
 
Álvarez se pregunta "por qué existen en un solo aeropuerto, como el de Palma, cientos de contratas y subcontratas, cuya explicación no se alcanza. No solo están subcontratados los centros de venta de cualquier cosa, desde farmacia a ropa y otros productos exentos en parte de impuestos, sino empresas de limpieza, de seguridad, de cintas para maletas, de aire acondicionado, de iluminación, de atención a los clientes, de fingers y de otra multitud de despiezamientos empresariales cuya utilidad para no ser prestadas por los trabajadores del propio ente estatal se desconoce".
Sin querer aventurar la respuesta, da algunas pistas sobre sus sospechas cuando señala que "la descentralización por la descentralización no explica este hecho, sobre todo si se tiene en cuenta que AENA era historiadamente una empresa con grandes beneficios y al presente sufre graves pérdidas, como es de general conocimiento. Si la descentralización no persigue el beneficio, cabe preguntarse cuál es la causa de la misma".
Como conclusión final, el magistrado afirma: "Parece claro que existe una falta de control económico. Pero es la propia AENA la que ha impedido a sus subcontratistas poder tener el mínimo control de lo que ocurre con la economía de tales aparcamientos, multiplicando inexplicablemente las subcontratas".
Protestas de empleados
El descubrimiento por la vía judicial de los "desconcertantes privilegios" que AENA otorga a "políticos, directivos y gente importante" en forma de aparcamiento gratuito, se produce coincidiendo en el tiempo con la decisión de la empresa de aplicar un aumento de hasta el 65% en los precios que cobra a sus trabajadores por el uso de las plazas de garaje en los aeropuertos durante la jornada laboral.
 
La medida ha desatado protestas en los aeropuertos de Baleares, de Canarias y en el de Madrid-Barajas. En el aeródromo de Barcelona-El Prat unos 200 trabajadores de empresas subcontratadas por AENA han realizado ya dos manifestaciones para protestar por los precios "abusivos" que tienen que pagar por dejar sus coches en los aparcamientos de la terminal.
 
Argumentan que AENA ha modificado las condiciones de uso del abono de 30 días, que hasta el año pasado se podía usar sin límite temporal y que este año pasa a tener caducidad de un mes. Para los trabajadores eventuales o que trabajan en diferentes turnos el precio por aparcar se encarece hasta en un 65%.